Durante una vista cameral en la Comisión de Bienestar Social
El Colegio de Profesionales del Trabajo Social exigió hoy en una vista en la Cámara de Representantes que estos profesionales sean designados servidores públicos de alto riesgo para propósitos de compensación en la Ley de Retiro y la aplicabilidad de esta distinción para incentivos otorgados a los empleados del sistema de seguridad.
En representación de la organización, la licenciada Nélida Rosario Rivera aseguró que en Puerto Rico existen 7,100 personas autorizadas para ejercer el trabajo social que se exponen a riesgos por condiciones laborales que les «desprotegen» e imposibilitan cumplir con sus funciones en seguridad.
La Comisión de Bienestar Social, presidida por la representante Lisie Burgos Muñiz, atendió el Proyecto de la Cámara 972 cuyo propósito es hacer valer el reclamo de los trabajadores sociales. Además, la comisión consideró un bloque de medidas relacionadas a la profesión y sus funciones dentro del Departamento de la Familia.
«Es imperativo que se les asegure lugares de trabajo libres de abuso y violencia con una carga de trabajo razonable, además de seguro y saludable», expresó Rosario Rivera.
«Reconociendo el trabajo que realizan en situaciones de alto riesgo y sus condiciones laborales precarizadas, consideramos necesario compensar a este personal con la distinción de servidores públicos de alto riesgo», añadió.
Sin embargo, la portavoz destacó que muchos de los riesgos no solo provienen de los acercamientos a la comunidad y las visitas a hogares, sino por sobrecarga laboral; falta de recursos de apoyo y de acompañamiento; ausencia de apoyo de las agencias; así como altos niveles de estrés.
La entidad también resaltó que dentro del Departamento de la Familia y los servicios que se ofrecen también se realizan intervenciones sociales con adultos mayores en situaciones de negligencia, maltrato y abandono. Por tal razón, Rosario Rivera recomendó que el proyecto de ley incluya explícitamente a los trabajadores sociales que laboran con esta población.
«Estos profesionales realizan su trabajo en espacios de alto riesgo y violencia, por lo que se exponen a los mismos peligros de quienes trabajan con la niñez y juventud», sentenció.
En un memorial explicativo firmado por la secretaria Ciení Rodríguez Troche, el Departamento de la Familia informó que favorecerá la pieza legislativa luego de que sus recomendaciones sean consideradas por la comisión.
La agencia, representada por la licenciada Nicole Báez, recordó que se trata de la tercera ocasión que la Legislatura presenta una medida con el mismo fin y que las dos anteriores no fueron aprobadas por asuntos de índole fiscal.
Entre ellas, que la comisión cuente con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debido a que la propuesta legislativa «afectaría» las finanzas del Fondo de los Sistemas de Retiro, toda vez que los trabajadores sociales podrían retirarse a una edad más temprana.
La Ley 447 de 1951, que pretende enmendar el proyecto, establece que los trabajadores catalogados de alto riesgo que entraron al sistema público antes del 30 de junio de 2013 pueden retirarse a los 55 años. Aquellos que entraron al sistema público posterior a esa fecha pueden retirarse a los 58 años.
Por otro lado, la comisión cameral evaluó el Proyecto de la Cámara 1976, que persigue incorporar el trabajo a distancia en la práctica del trabajo social en Puerto Rico. Tanto el Colegio como el Departamento de la Familia tuvieron algunas reservas con la medida por los asuntos éticos que conllevan la ciberterapia.
Algunas de las recomendaciones que emitió el Colegio son que la pieza establezca que la reglamentación debe ser creada en coordinación con la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social. Ambas entidades estarán encargadas de expedir la certificación del trabajo a distancia en validación de la ética profesional y la educación continuada.
Rosario Rivera subrayó que existen múltiples situaciones -como las visitas domiciliarias y el proceso de entrevistas- que requieren un contacto presencial que permita al trabajador social hacer observaciones del entorno y tener un «espacio propicio» para realizar sus evaluaciones.
«Hay unas metodologías y acercamientos profesionales que nos deberían llevar a plantear que no es posible hacerlo de forma remota. Entendemos que el proyecto tiene varios asuntos que deberían enmendarse y uno de ellos es considerar unas exclusiones de ciertas circunstancias que no pueden ser trabajadas a distancia», puntualizó la portavoz.
Favorecen agilizar alertas de personas desaparecidas
Tanto Familia como el Departamento de Seguridad Pública (DSP) favorecieron los Proyectos de la Cámara 1970, 1971 y 1972, que buscan implementar un término máximo de 24 horas luego de presentar alguna querella de persona desaparecida para activar las alertas Silver, Ashanti y Amber.
En el memorial de Familia, la secretaria avaló las medidas y recomendó, además, que en las alertas se incluyan condiciones de salud e impedimentos de los desaparecidos, con el fin de brindarle a la ciudadanía mayor claridad sobre la alerta y las características de la persona.
«Sin lugar a duda, el tiempo es un factor crucial cuando una persona es reportada como perdida o desaparecida, más aún cuando se trata de persona con condiciones cognoscitivas», dijo Rodríguez Troche.
